Se dice que el país está sobrediagnosticado, pero en plenas campañas y ante un nuevo sexenio, vale la pena recordar tanto como haga falta cuáles son los principales desafíos que enfrentamos como nación, y abordarlos desde distintas perspectivas. Una de estas perspectivas, sin duda esclarecedora, es la que propone nuestro autor.
Introducción En un indirecto y muy modesto homenaje a don Andrés Molina Enríquez, autor de Los grandes problemas nacionales, libro de 1909, hace seis años intenté resumir en tres los problemas que a mi juicio eran los más importantes del país en ese momento electoral. El resultado fue un artículo que por muy diversas razones nunca se publicó. Al revisar el texto ahora veo que esos mismos tres problemas siguen siendo los que más afectan a nuestro país, simultáneamente, en los ámbitos político, económico y social. En efecto, de los últimos 18 años del siglo pasado a la primera docena del actual hemos vivido en México el surgimiento o agravamiento de un buen número de problemas económicos, políticos y sociales, que pueden parecer efecto de los cambios políticos y económicos que ha experimentado el país desde el inicio de los años ochenta: la reforma política iniciada en el gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982) pero concretada hasta el de Ernesto Zedillo (1994-2000) y las reformas económicas iniciadas en el de Miguel de la Madrid (1982-1988) y profundizadas en el de Carlos Salinas (1988-1994), nuestra perestroika y nuestro glasnost correspondientes. Después de un largo periodo de estabilidad política y crecimiento económico iniciado en los años cincuenta, que concluye a finales de los sesenta y principios de los setenta, México vive un corto periodo de auge –gracias a ingresos imprevistos de divisas por exportaciones petroleras– que vino a desembocar en una crisis económica y política, dando lugar a una serie de cambios durante los años ochenta y noventa que, lejos de resolver los problemas básicos de pobreza e inequidad, parece ser causa de su agravamiento y del surgimiento de nuevos conflictos. Es una larga lista de problemas que incluye la pobreza, el desempleo, el comercio informal, diversas formas de delincuencia, el narcotráfico, el contrabando, la emigración de mexicanos a Estados Unidos, la fuga de capitales, la corrupción, la contaminación y destrucción del medio ambiente, la impunidad, los homicidios sin resolver, los levantamientos populares regionales y el caciquismo, entre los más destacados. Si bien algunos de estos problemas son ya muy viejos, hay dos factores nuevos que acentúan la percepción de ellos por parte de la sociedad: la consolidación de los medios de información como un nuevo poder que, ya sin cortapisas, presenta y resalta –no sin prejuicios– dichos problemas, y el desencanto de la sociedad mexicana por el fracaso de los gobiernos del pan –el primer partido de oposición que triunfó electoralmente en más de 70 años– para enfrentar y resolver, así fuera parcialmente, algunos de ellos
. En contraste, desde hace 17 años México experimenta una gran estabilidad en materia de precios, salarios, tasas de interés y tipo de cambio, resultado de un férreo equilibrio fiscal y un superávit en divisas sin precedentes. A ello se ha llamado “estabilidad macroeconómica”, lograda por medio de la reducción sistemática del gasto público, el control del crédito hasta casi su desaparición, la contención salarial, la expansión de las exportaciones y el estancamiento del mercado interno. Este panorama económico y social no es exclusivo de México, sin embargo. En otros países se presenta en forma más o menos similar, a pesar (o quizá por efecto) de la aplicación de políticas económicas comunes de corte neoliberal orientadas a modernizar las economías de la región en la nueva etapa de la globalización. Entre los factores que determinan el conjunto de problemas contemporáneos más graves, hay tres que siendo de suyo conflictivos generan en combinación una dinámica social y económica perversa, un círculo vicioso que produce y amplifica otros problemas. Estos tres factores son: (1) el empobrecimiento de una parte importante de la sociedad como producto del desempleo y, en general, de la falta de oportunidades; (2) una tendencia por parte de los diversos grupos sociales a no cumplir la ley (en sentido amplio, es decir cualquier norma de carácter público) salvo en determinadas circunstancias, y (3) la total ausencia de una política industrial y comercial, por parte del Estado, orientada al estímulo de la inversión productiva. Estos tres factores son determinantes, en el caso de México, de buena parte de los demás problemas, pero no son exclusivos de nuestro país y es muy probable que se presenten también en otros países en desarrollo, aunque quizá con una intensidad y una dinámica distintas.
1. Desempleo y pobreza La población económicamente activa asciende en México a unos 40 millones de personas. Esta población crece a una tasa anual aproximada de 3%, lo que significa una cifra de un millón 200 mil personas que cada año se incorporan al mercado laboral en busca de empleo. En años de crecimiento económico alto, el sector formal de la economía ha podido crear alrededor de 400 mil empleos por año. El resto de la nueva fuerza laboral, unas 800 mil personas, se ve obligado al empleo informal de diversos tipos (incluyendo actividades ilegales) o a emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, la economía no ha estado creciendo a un ritmo alto y sostenido en todos estos años, lo que implica que el número de personas forzadas al empleo informal, la emigración o, de plano, la delincuencia, sea mayor y creciente, a causa de la falta de oportunidades de trabajo. Es decir, a la pobreza endémica del país se suma cada año un nuevo grupo de desempleados, lo que constituye sin duda un caldo de cultivo propicio para todo tipo de actividades ilegales. La causa directa de esta falta de oportunidades es la relativamente baja inversión en proyectos productivos generadores de empleos formales, lo que a su vez se debe en parte a la ausencia de un sistema financiero real y el abandono de la política industrial por parte del Estado en los últimos 30 años, temas que veremos más adelante.
2. Falta de respeto a las leyes: La carencia de una cultura de respeto a la ley, entendida esta en un sentido amplio, no es algo nuevo en México: podríamos ubicar su origen en la época colonial. Tampoco es exclusiva de nuestro país. De hecho no hay país en el mundo en el que todas las leyes se cumplan y respeten siempre. Pero cualquiera que sea el indicador que se tome al respecto, México se cuenta actualmente entre los países en los que las leyes se respetan en menor grado. Es evidente que en nuestra sociedad las normas se cumplen solo cuando hay una amenaza clara de sanción y autoridades con capacidad para aplicarla. Esta carencia de cultura de la legalidad obedece a varios factores de diversos tipos, de los que destaco solo dos. El primero es que una buena parte de las leyes no se puede cumplir, ya sea porque unas leyes contradicen a otras, porque son obsoletas o inadecuadas o porque simplemente no hay autoridades en cantidad y con capacidad suficientes para hacerlas cumplir. El segundo es la ignorancia y el temor, o el desprecio que sienten los diversos sectores sociales respecto a las leyes. En los sectores de menores recursos económicos se percibe a las leyes como impuestas, es decir decididas al margen de ellos y, en consecuencia, se ven como ajenas y, en general, hechas para perjudicarlos, no para protegerlos. En los grupos de recursos económicos altos la percepción es más o menos inversa, es decir, se percibe que las leyes están para favorecerlos, pero solo a ellos y cuando no es así, se busca cualquier resquicio técnico para evadirlas. El resultado en ambos casos es el mismo: las leyes no se perciben como propias, como un mecanismo que se da la sociedad para funcionar en sus diversos ámbitos, en sí mismo digno de respeto, justo y de aplicación general. Las autoridades de diversos tipos, niveles y orígenes partidarios no han podido eliminar la percepción que se tiene, entre la sociedad, de que son ellos los primeros en violar la ley y esto aparece como un elemento adicional de justificación moral para el incumplimiento de las normas entre los ciudadanos. De ahí que se identifique a la corrupción como un obstáculo fundamental para el avance social. Pero la corrupción es solo una parte del problema más amplio y contextual que es el incumplimiento de las leyes en general. Este tiene implicaciones políticas, económicas y sociales de primera magnitud, sobre todo en un país que intenta adecuarse a la modernidad y a la globalidad
Desde una perspectiva económica, la falta de cumplimiento de las leyes por los diversos grupos sociales complica y limita la política económica instrumentada por el Estado, por ejemplo en lo que se refiere a la recaudación fiscal, y hace prácticamente inútil cualquier reforma que al respecto se pueda llevar a cabo. En este contexto las recomendaciones de los economistas ortodoxos, consistentes en la reducción de la regulación, han empequeñecido todavía más los ingresos del Estado y, lejos de eliminar los problemas, en realidad han favorecido el contrabando y la piratería. En términos más generales, el comercio y otras actividades económicas informales son resultado de la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes y del abandono de la regulación.En su dimensión política, el no apego a la legalidad vigente por parte de algunos grupos o personas, unos con la justificación moral que da el ser sujetos de abandono y explotación por décadas, como los indígenas, otros sin ella, combinado con la falta de capacidad de las distintas autoridades, sea para negociar acuerdos en el marco de la ley con los primeros o para aplicar la ley de manera estricta con los segundos, lleva tarde o temprano a un camino de ingobernabilidad y desintegración social. En sustitución de las leyes de aplicación general, empiezan a prevalecer usos y costumbres locales. De ello son muestra el surgimiento en diferentes zonas del país de municipios autodeclarados autónomos y de linchamientos.
3. Falta de inversión, falta de crédito y falta de política económica: Como en el caso de otros países en desarrollo, México requiere de una tasa de inversión respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en términos reales y de manera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a su vez, altas y sostenidas en el largo plazo, según estimaciones de organismos internacionales. Con ello, la economía podría aumentar significativamente la generación anual de empleos y, en consecuencia, la proporción de los salarios en el valor agregado, es decir, reducir la concentración del ingreso. En ninguno de los últimos 25 años la proporción de la inversión entendida como formación bruta de capital fijo ha alcanzado esa meta respecto al pib, aun considerando la inversión extranjera. Desde la primera parte de los años ochenta, el Estado ha reducido de manera significativa su participación en la inversión total como resultado de la orientación ortodoxa de la política económica, que concibe la inversión pública como factor de desplazamiento de la inversión privada y que además considera a la burocracia paraestatal como esencialmente corrupta, ineficiente e incapaz de ser regulada. Por estas dos razones, se hacía indispensable –en esta lógica– la privatización de las empresas estatales rentables y la liquidación de las no rentables. La nueva inversión pública estaría limitada, además, por razones presupuestarias. En estos casi 30 años de política ortodoxa, la inversión privada nacional no ha podido llenar el hueco de la inversión pública y el Estado ha tenido que revertir algunas de las privatizaciones debido a problemas de rentabilidad, derivados de una deficiente administración en manos privadas. Tales fueron los casos de la mayor parte de las carreteras nacionales de cuota, las líneas áreas nacionales y –un caso muy especial– los bancos. La nacionalización de la banca mexicana decretada en 1982 por el gobierno de López Portillo, como medida última para frenar la fuga de divisas, no ocasionó ninguna catástrofe financiera como auguraban sus críticos. En contraste, la reprivatización de la banca ocurrida años más tarde bajo el gobierno de Carlos Salinas puso al sistema bancario mexicano en manos inexpertas y lo volvió altamente vulnerable. Aunado a ello, la apertura financiera acelerada provocó el ingreso de grandes cantidades de capital especulativo externo. Además, la sobrevaluación de la moneda hizo aún más vulnerable al sistema financiero. En esas condiciones, la primera crisis de divisas del gobierno de Zedillo, ocasionada por el mal manejo de una decisión cambiaria, implicó la quiebra real del sistema bancario mexicano y de sus deudores. El rescate bancario y la política astringente del crédito interno, seguidos desde entonces, han impedido que haya crédito barato y oportuno para financiar actividades productivas de todo tipo, especialmente en el campo. El sistema bancario, hoy en manos extranjeras, es esencialmente rentista y especulador. Asimismo, tanto la crisis de 94-95 como la apertura financiera anterior a ella han provocado que haya permanentemente capital mexicano en el extranjero por una cantidad más o menos equivalente a la deuda pública externa, en tanto que el ingreso neto de divisas al país que registran las reservas internacionales se inmoviliza, para evitar la ampliación del circulante y crear un blindaje preventivo de otra crisis como las de 76, 81 y 94, todas por fugas masivas de capitales.El elemento crucial que explica la baja inversión productiva no es, sin embargo, la falta de crédito, sino la ausencia de una política industrial y agropecuaria activa por parte del Estado. Esta ausencia obedece sin duda a una concepción neoliberal de la economía. Dicha concepción se concreta en la reducción indiscriminada del gasto público, tanto corriente como de inversión; en la total ausencia de políticas comerciales, y en la falta de definición y aplicación clara de reglas de la participación de la inversión extranjera con una orientación a la integración económica y el desarrollo. Ello es lo que en realidad provoca la falta de incentivos a la inversión privada nacional.
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